Multa de medio millón para River

River Plate, su presidente Daniel Passarella, y otros directivos del club deberán pagar 500 mil pesos, realizar cursos de convivencia y cumplir protocolos de seguridad en el estadio Monumental. Se trata de la sanción monetaria más elevada que haya determinado la justicia contravencional porteña.

La multa es fruto de un acuerdo entre el fiscal contravencional Gustavo Galante y los directivos imputados en una causa originada el 26 de junio del año pasado, cuando River descendió de categoría ante Belgrano de Córdoba, por omitir recaudos de organización y seguridad para aquel día. Ese día se produjo una batalla dentro y fuera del Monumental. También se produjo aquel famoso "apriete" de un grupo de barras al árbitro Sergio Pezzotta.

Passarella, el vice Diego Turnes, Daniel Bravo, Gustavo Quinteros, Cristian Jorge Francisco, Luis Renzi, Omar Solassi (vice segundo), Carlos Mosquera y Luis María Delaico acordaron con el fiscal terminar el proceso contravencional a través de un juicio abreviado (conocido como probation), comprometiéndose los imputados a cumplir con lo dispuesto. De haber incumplimiento de los acusados, corre el riesgo de retomarse el proceso.

El acuerdo, homologado por el juzgado a cargo, determina que la "Asociación River Plate deberá realizar una entrega de insumos por la suma total $200.000 a una serie de Hospitales, Hogares, Comedores, Fundaciones y Asociaciones fijadas, mientras que Passarella tendrá que realizar una entrega de insumos por la suma total $60.000 con el mismo fin y el resto de los imputados, lo harán por la suma total $30.000, totalizando incluida la pena de multa en otro caso, $ 500.000".

A los acusados se les achacó haber omitido los recaudos de organización y seguridad exigidos por legislación, entre otros puntos no haber informado "en tiempo y forma la cantidad de entradas que la entidad pusiese a la venta para tal evento".

También fueron imputados por permitir haber dejado ingresar más de 54 mil espectadores, "superando ampliamente la capacidad permitida", ya que estaba habilitada para 40.271 personas. Según la Justicia, ello generó "una situación riesgosa para el público concurrente y para la seguridad pública" y la relacionó ello con los incidentes que derivaron en la suspensión del partido y "la posterior rotura de bienes tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio".

La Justicia, además, le atribuyó a los directivos no haber evitado que "ingresara parte de la parcialidad local sin las correspondientes entradas".

Passarella, Turnes y Bravo deberán participar en un programa que, en la modalidad de experiencia piloto, el Ministerio Público Fiscal impulsará para delinear un protocolo de actuación en materia de contralor de factores que puedan incidir en la organización y seguridad en los espectáculos deportivos y artísticos masivos.

En tanto, Quinteros, Francisco, Mosquera y Delaico deberán asistir al Taller de Convivencia Urbana dictado por la Dirección General de Minorías y sus Garantías, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: DyN