A comienzos de los años setenta, un veterano periodista que fatigaba diariamente los pasillos de la AFA, se animó a mencionar el nombre de dos jueces de larga trayectoria que habían sido marcados como tendenciosos o corruptos. En realidad, nunca quedó claro si Guillermo Nimo y Roberto Pablo Cruces eran inmorales o no, porque no se los investigó seriamente, pero aquel calvo trabajador de prensa, lo dijo por la radio cuando le preguntaron quiénes eran los dos hombres de negro sospechados: “No me animo, para que no me tachen con cruces.”
En el profesionalismo argentino, los escándalos nacieron prácticamente con el primer torneo. Vale la pena recordar la expulsión del juez De Dominicis en 1933, luego del claro robo que sufrió Gimnasia y Esgrima La Plata en la cancha de Boca. El hombre fue borrado del mapa deportivo pero claro, los puntos se los llevó el favorecido suyo.
La falta de tolerancia para aceptar los fallos adversos fue una constante en nuestro fútbol y el favoritismo hacia los poderosos hicieron que para 1948, el gobierno del General Perón hiciera algo inédito: al mismo tiempo que nacionalizó los ferrocarriles británicos, extranjerizó los arbitrajes, ya que procedió a suspender a los jueces argentinos de Primera A. Se dio un caso único: David Gregory, Lionel Gibbs, James Provan, Charles Dean, Harry Hartles, Aubrey White, John Cox y William Brown debutaron en un ambiente hostil y desconocido.
Ese desconocimiento llevó a la aparición de los números en las camisetas y también a un orden en la tabla de posiciones que descolocó a lo que era más común. Por eso, varios grandes pelearon el descenso, Platense fue segundo en 1949, Banfield jugó la final contra Racing en 1951 y Huracán, un grande por entonces, debió desempatar dos años seguidos para no descender. Nada era común y los jueces británicos vinieron a restituir el principio de justicia que se había perdido.
La desconfianza en los jueces tuvo algunos puntos altísimos: el penal que Antonio Roma le detuvo al brasileño Delem en 1962, cuando el juez Carlos Nay Foino no lo hizo tirar de nuevo luego del evidente e ilegal adelantamiento del arquero boquense. El pésimo arbitraje de Manuel Velarde, la tarde que Independiente ganó el título de 1963, vapuleando a un San Lorenzo que decidió hacerse goles en contra hasta llegar al 9-1 impiadoso. El famoso penal no cobrado a River en la cancha de San Lorenzo, cuando el santiagueño Luis Gallo, lateral de Vélez, se lanzó con su mano a enviar la pelota al corner. Si River ganaba esa tarde, era campeón del Nacional’68: el juez fue Guillermo Nimo.
La lista es larga y las dudas también eran comunes en aquella época, pero no había ninguna investigación ni manera de verificar la supuesta imparcialidad. Hasta hace pocos años, los jueces estaban habilitados para tener otro trabajo. En realidad, se les exigía eso. Sin embargo, esto se modificó y hace poco tiempo no se los obliga a semejante desdoble de profesión. El abrupto retiro de Gabriel Brazenas tras el escandaloso Vélez-Huracán de 2009, las continuas peleas entre los sindicatos arbitrales, la escasa calidad de las últimas generaciones, han aumentado el prestigio de dos jueces retirados hace poco como Héctor Baldassi y Horacio Elizondo.
El tema quedó siempre ahí. Ahí y nada más. Apenas algunos jueces que dejaban la AFA por la puerta de atrás (Javier Ruiz, por ejemplo) denunciaban arreglos y corrupción, pero nunca nada fue tomado seriamente por nadie. Se sabe, es más fácil encontrar microfilms ocultos en lo que queda del Muro de Berlín, que obtener pruebas de un acto de corrupción en el fútbol.
Pablo Lunati llegó a Primera A hace casi diez años y mantuvo un perfil alto desde el inicio. Su actuación siempre tuvo como elemento principal el diálogo con los jugadores y una excesiva tolerancia con el juego brusco, al punto de ser quien menos tarjetas ha mostrado en promedio en su carrera, en los últimos cinco años. Lunati está siendo investigado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) porque parece que su Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias no condice con sus ingresos.
La historia no abarca su actuación como árbitro, pero los puntos suspensivos son fácilmente imaginables. Y es aquí donde el periodismo no tiene elementos para fortalecer o debilitar sus sospechas, si se demuestra el enriquecimiento ilícito de Lunati. Se llame como el extrovertido juez analizado por AFIP o se llame Brazenas (árbitro oficial del gobernador Scioli en sus partidos de Villa La Ñata) o se llame como se llame.
Quizá sea la punta de un iceberg, o no. Siempre resuenan las palabras de un sexagenario dichas hace tiempo, sobre la abierta colaboración de la mayor parte de los jueces con los equipos más grandes del fútbol nuestro en las primeras décadas del profesionalismo: “Mire, si el nueve de Chacarita entraba al área de Boca y Marante (zaguero xeneize) le pegaba un balazo, el árbitro solamente cobraba penal si podía encontrar la bala primero…”
