Hugo y Mariano Jinkis ya se encuentran en los domicilios que fijaron ante la Justicia argentina para cumplir con la prisión domiciliaria que les otorgó el juez Claudio Bonadio.
Para los empresarios involucrados en el escándalo de corrupción de la FIFA, este beneficio significó algo más que atravesar el proceso judicial en la comodidad de sus hogares. Ahora podrán manejar a control remoto la empresa Full Play, propietaria de los derechos de televisación y comercialización de la Conmebol y a través de la cual en Estados Unidos creen que se pagaron coimas millonarias.
PERFIL pudo constatar que los empresarios continuarán al frente de la polémica firma y lo harán desde sus lugares de detención: Mariano pasará sus días en el lujoso Country Club Los Cardales, barrio exclusivo que cuenta con canchas de fútbol, de tennis y salón multiuso. Desde su entorno aseguraron a este diario que “no podrá utilizar ninguna instalación del predio debido a que no puede ir más allá de los límites pactados”.
En tanto, Hugo ya se encuentra en su propiedad de San Isidro, ubicada en la calle Eduardo Madero 2820. Ambos podrán llevar a cabo reuniones de directorio y recibir a sus asesores legales y financieros más cercanos. No tendrán restricciones en cuanto a la utilización de teléfonos celulares, computadoras o cualquier tipo de dispositivo tecnológico.
“La empresa continuará trabajando normalmente y Hugo ya designó a las personas que manejarán la firma mientras él se ausente”, confiaron fuentes cercanas al empresario.
Para abandonar la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal de Villa Lugano, Mariano y Hugo Jinkis debían pagar una fianza de ocho y cuatro millones de pesos, respectivamente. Para ello presentaron dos escrituras en garantía por una cifra superior a los 22 millones, aunque la salida de la cárcel se retrasó porque los peritos contables de la Corte Suprema se encontraban en el interior del país, lo que postergó la tasación de los inmuebles.
Los hombres en la mira de Estados Unidos aguardan conocer la lista completa de los delitos por los que son acusados. Según explicaron sus abogados, “se debe terminar de analizar la orden de detención, que está inconclusa”. También están a la espera del pedido formal de extradición, aunque no aceptarán viajar.
Así se dará inicio a una batalla legal en la que los letrados de los argentinos intentarán demostrar que los delitos por los que son acusados no son reconocidos como tales en Argentina.
(*) Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil.
