Varios de los más influyentes dirigentes del fútbol argentino suelen quejarse ante sus hombres de prensa de confianza. Aseguran que la AFA no puede depender de los gobiernos.
Deberían haberlo pensado mejor siete años atrás, cuando convirtieron a la entidad madre de nuestras pelotas en una herramienta fundacional en la guerra entre Néstor Kirchner y Clarín.
En agosto de 2009 a nadie se le ocurrió preguntarle a Julio Grondona –ni siquiera en tono de reverencia– si no había otra forma de salir del conflicto producido por el reclamo de los aportes adeudados a Futbolistas Argentinos Agremiados; el contrato original entre la AFA y el gobierno nacional se firmó sin que nadie se animara a replantear nada formalmente. Ni siquiera las consecuencias que pudiese traerle a la entidad un eventual juicio civil de parte de la empresa con la que habían rescindido un contrato de modo unilateral.
Ya entonces, la AFA estaba hundida en una crisis moral y financiera profunda. Sin dudas que hubiera resultado lógico y necesario un replanteo, una revisión y hasta discutir abiertamente la posibilidad de que los partidos de mayor audiencia se emitiesen por televisión de aire. Pero Grondona y sus amanuenses lograron el milagro: encontrar una solución que empeorara las cosas.
Tanto en su organización como en el asunto de la violencia, estamos peor que entonces. Y los clubes deben, en el acumulado, más dinero que cuando empezaron a chupar de la teta del Estado. Por cierto, es importante no ignorar el detalle de que, desde entonces, tanto el que paga como el que cobra maneja plata que no es suya. En cualquier sociedad con un escenario de corrupción expandido en casi todos los estratos socioeconómicos, esa ecuación es tóxica para los dineros públicos. Del país y de los clubes.
Hace un par de días, la mayoría de los medios nacionales se hicieron eco de una reunión de alto nivel en la casa de Viamonte 1366. En la lista de expositores y oyentes figuraron los apellidos Segura, Angelici, Moyano, Blanco, Russo, Pérez, Tapia, Lemme, Dagna y Silva. D’Onofrio y Lammens, también convocados, no asistieron por compromisos relacionados con sus respectivos clubes.
No me parece decoroso de mi parte desmenuzar lo que pienso respecto de cada uno de ellos. Tampoco creo que importe. De todos modos, considero que en la lista figuran dirigentes con muy buenas intenciones. Y unos cuantos de los otros. De lo que ninguno se salva es de haber favorecido, a conciencia o por omisión –o por resignación–, cada uno de los despropósitos perpetrados por Julio Grondona. Incluido el acuerdo a libro cerrado del Fútbol para Todos. Tan cerrado que más de uno de ellos confesó que conoció las condiciones sólo después de firmado el contrato original. Alguno de ellos podrá alegar que, en agosto de 2009, no ocupaba en el universo de la AFA el lugar que ocupa ahora. Lamento recordarles que, salvo algún par de casos, ya todos jugaban en Primera.
Por cierto, el hecho de haber fomentado o soportado el sijulismo baboso de la época, no convierte a todos en culpables por parte iguales. Ni es un impedimento para que, aun los más impresentables, aspiren ahora a corregir el rumbo. Pero mantener cierto decoro sería una buena manera de comenzar de cero.
Antes de seguir con la muchachada del fútbol, es importante detenerse en un detalle no menor de estos últimos años. No sólo el fútbol eligió ser el rehén financiero del Estado. Así fue con muchos deportes. Desde el automovilismo hasta el vóleibol, el básquetbol, el handball y toda aquella disciplina que, durante la última década, desactivó la inversión privada en varios de sus principales competencias las que, especialmente a nivel internacional, pasaron a ser propiedad casi exclusiva del gobierno nacional, de algunas provincias y hasta de algunos municipios.
Quizás una instancia fundacional al respecto hayan sido las competencias incluidas entre los festejos del Bicentenario. Si bien fueron posteriores al acuerdo con la AFA, se trató de una decena de acontecimientos por los cuales los contribuyentes abonamos montos de seis cifras en dólares a distintas productoras vinculadas con otras tantas federaciones deportivas. Así pasó con la serie final de la Liga Mundial de Vóleibol, con el rally del Bicentenario, un partido de rugby entre Los Pumas y Francia, el Mundial de Hockey en Rosario y hasta una prueba de triatlón en Mendoza. Una revisión exhaustiva sobre cuánto dinero salió de las arcas del Estado, cuánto llegó a la tesorería de las federaciones o a las de sus socios y cuánto regresó a manos de algunos intermediarios oficiosos, podría dar resultados insospechados.
Quiero decir con esto que la lógica del fútbol –la de comer del Estado– pasó a ser, en mayor o menor medida, la lógica de gran parte del deporte argentino.
Luego, se desprenden preguntas inevitables, recurrentes ante los ojos de quienes hayan leído columnas anteriores. ¿Realmente creemos cuestión de Estado garantizar la trasmisión del fútbol por televisión abierta? ¿Por qué es así en la Argentina y no es así en ninguno de los demás países en los que el fútbol es tan popular como en casa? Con el mayor de los afectos por cualquier entidad. ¿Quién determinó que es de mayor interés público un partido del torneo de Primera cuya audiencia no supera las emisiones líderes de cable que cualquiera de los partidos que juega el Barcelona de Messi? ¿O los Spurs de Ginóbili?
En la Argentina hay mucha gente que, en cambio de defender de verdad a nuestro pueblo futbolero, hace jueguito con un globo.
En las últimas horas, Luis Segura, presidente de la AFA, salió a calmar los ánimos. Ayer aseguró que no corre riesgo la realización de la 11ª fecha del –nuevamente– Torneo Transición. Lo aseguró no desde un escenario de compromiso con los protagonistas, los socios, los hinchas y el juego mismo, sino porque, dijo, está convencido de que el Gobierno pagará un cheque que los clubes están esperando como refugiados en Grecia esperan el camión con provisiones.
Además, insistió en que la AFA quiere participar de la licitación con la que amenaza el Gobierno. Tal vez ésta sea una confesión que ayude a que el Estado decida sacarse de encima el lastre y deje de gastar ese dinero y lo convierta en inversión donde realmente hace falta. Inclusive, en las obras que mejoren la provisión de la energía necesaria para poder prender los televisores a través de los cuales se ve el Fútbol para Todos. Y aporto una sugerencia. Con respeto y modestia.
Sería muy interesante ver qué hace la AFA con los derechos del fútbol liberados para venderlos a quien más le convenga. Eso sí. Respetando siempre la condición de que los partidos se vean por televisión abierta. Esta última variable –cobrar menos pero garantizar la transmisión por aire– no tendría que representar demasiado inconveniente para una entidad que celebró la llegada del fútbol de Primera a las casas de todos los argentinos, casi por encima del dinero que iba a recibir. Casi como si no hubiesen sido ellos mismos, también con Grondona a la cabeza, quienes ayudaron a pergeñar un sistema sin siquiera un partido en vivo por aire.
Gente que entiende del negocio me asegura que, con el viejo sistema de los codificados, a valores actuales, el fútbol valdría, como mucho, 1.100 millones de pesos. Bastante lejos de los más de 3.500 que, dicen, ofertaría alguna empresa extranjera.
En primer lugar, me resultaría muy extraño que alguien pagase de más a riesgo de no recuperar la inversión. No son días para dejar siquiera el menor indicio para que te acusen de lavar dinero.
En segundo lugar, cobrar de más o de menos no debería ser una variable tan importante para quienes, dirigentes de la AFA al fin, celebraron la liberación de los goles secuestrados como si Palacio hubiese definido por abajo ante Neuer en el Maracaná.
Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil
