Foucault lo sintetizaría, otra vez, con dos palabras: vigilar y castigar. Y como pasa con esa obra, el método podría dividirse en cuatro partes casi idénticas a las originales: suplicio, castigo, disciplina y –aquí la diferencia– estadios de fútbol. Lo ocurrido el miércoles con los hinchas de River en Lanús graficó un poco eso: la política de seguridad en las canchas durante la gestión de Cambiemos, un método que algunos aprueban y otros rechazan, y que el otro día tuvo su yin y su yang: por un lado, neutralizó una posible guerra interna en Los Borrachos de Tablón; por el otro, desató una feroz represión que quedó reflejada en los cuerpos de hinchas de a pie y en los videos viralizados en redes sociales.
Juan Manuel Lugones, el titular del Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), elogió el operativo policial y cuestionó a los hinchas de River: "Tienen la costumbre de decir ‘si no nos dejan entrar la pudrimos’, y nosotros no tenemos complicidades con barras bravas". Casi al mismo tiempo, el presidente Rodolfo D’Onofrio cuestionó a la Policía y a Lugones: "Lo que pasó en Lanús fue una locura. Espero que dé explicaciones". En el medio, entre Lugones y D’Onofrio, cientos de personas la pasaron mal y cayeron en una redada que incluyó heridas por balas de goma, bastonazos, patadas, gases lacrimógenos y un resultado final de 89 detenidos, la mayoría por “resistencia a la autoridad”, un delito que por antonomasia es el utilizado por las fuerzas para justificar sus excesos. Esas 89 personas, no todas barrabravas, fueron incluidas ayer en la lista con prohibición de concurrencia a los espectáculos deportivos. Esa lista, que antes solo hacían los clubes, ahora también la puede editar el Estado. Hasta 2017 había 1.500 personas, hoy hay cerca de 5 mil. La ministra Patricia Bullrich pidió, hace poco, que ese número alcance los 10 mil nombres. Pero el 30% de las personas que figuran en esos listados está por motivos irrisorios como vender choripanes sin autorización o intentar entrar a la cancha con el carnet de un amigo.
"A mí me da la impresión de que procedimientos tan virulentos como el otro día en Lanús se dan para ayudar a la Aprevide a posicionarse mediáticamente", le dice a PERFIL Mariano Bergés, ex juez y presidente de Salvemos al Fútbol, que en los próximos días presentará un documento balance sobre la política de seguridad del macrismo en las canchas durante estos cuatro años.
Desde que llegó a la presidencia, Mauricio Macri ubicó la problemática de la violencia en los estadios como uno de los ejes de su gestión. Lo hizo a partir del Plan de Emergencia en Seguridad, lanzado en 2016, que luego profundizó. El programa Tribuna Segura, ofrecido como un éxito de gestión a periodistas en reuniones privadas, fue el corazón de esa política. Empezó en la Ciudad de Buenos Aires y más tarde se extendió a otras provincias. Se implementó en más de 1.500 partidos en los que fueron controlados cerca de tres millones de hinchas. Se les prohibió el ingreso a 3.200 personas (el 0,1%) por causas vinculadas al deporte y se detuvieron 752 con pedidos de captura, en escenas que podrían haber salido de la película El secreto de sus ojos.
"Es una gestión que se ocupó del problema. A su forma, se ocupó. Lanza un plan de emergencia en seguridad e incluye la violencia en el fútbol junto al narcotráfico o el terrorismo. Eso marca un horizonte: equiparar la violencia en el fútbol como un problema del delito común y como una amenaza al Estado", sostiene el sociólogo Diego Murzi, vicepresidente de la ONG.
Las formas. Salvemos al Fútbol reconoce que durante la gestión de Macri –y de Bullrich– la problemática de la violencia en los estadios ganó centralidad. Lejos de ocultarse o de relativizarse, se puso sobre la mesa. Pero eso no hizo que se llegara a una solución. O que se bajara significativamente el nivel de violencia.
"Es imposible que la mano dura nos dé resultados perdurables. No tanto en CABA, pero en otros distritos nosotros vemos cómo el Gobierno se jacta de la cantidad de detenidos o de golpear a mansalva", remarca Bergés. "Fue una política basada en lo prohibitivo. En lo punitivo. Centró la seguridad en el fútbol en el mecanismo de no dejar entrar a la gente –agrega Murzi–. Y ese control terminó generando un deterioro de la calidad democrática, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con Lugones, que además hizo de la captura de gente una forma de gestión". A horas de la presentación del documento "La violencia y la seguridad en el fútbol argentino hoy. Diagnósticos, datos y reflexiones para pensar la seguridad deportiva", Bergés deja su definición final: "Algunos creen que esta gestión fue positiva. Yo creo que no. No sé si un fracaso, pero estamos cerca de eso".
(*) Esta nota fue publicada en el Diario PERFIL.
