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SOCIEDAD | 06-04-2021 19:18

Kevin Benavides pagó una multa de 200 mil pesos por organizar una fiesta clandestina

En su regreso de Arabia Saudita, el campeón del Rally Dakar 2021 en la categoría motos violó las medidas dispuestas por la pandemia de coronavirus.

El reconocido motociclista salteño Kevin Benavides, quien en 2021 se adjudicó la categoría motos en el Rally Dakar, en Arabia Saudita, pagó una multa de 200 mil pesos por organizar, junto a otras tres personas, una fiesta clandestina que violó las medidas dispuestas por la pandemia de coronavirus en Salta.

Así lo informaron este martes fuentes del Ministerio Público de Salta, que detallaron que el fiscal contravencional, Gustavo Vilar Rey, imputó a Ernesto Javier Miraglio, Jesús David Battaglia Leiva y Ricardo Valentín Sanz como coautores de las infracciones previstas en el artículo 10 de la Ley 8206/20 sobre el coronavirus y la realización de fiestas clandestinas.

Benavides, de 32 años, se encuentra en el exterior, pero fue notificado sobre la imputación en su contra y se le comunicó que la audiencia correspondiente se concretará el lunes 19 de abril.

No obstante, el reconocido piloto salteño, varias veces campeón argentino y latinoamericano de enduro, realizó un pago voluntario de $200 mil, a través del cual asumió la responsabilidad del resto de los acusados, ya que el monto máximo de la multa contemplado por persona es de $43 mil.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal Contravencional iniciaron tras la intervención de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, que a través de publicaciones periodísticas tomó conocimiento de una fiesta desarrollada en enero de este año en inmediaciones de ruta nacional 9, organizada por Benavides.

De las tareas investigativas surgió que la fiesta se realizó el 23 de enero, unos días después de la llegada del piloto de Arabia Saudita, donde se había consagrado campeón de la categoría motos del Rally Dakar 2021, desarrollado entre el 2 y el 15 de enero pasado.

El evento se realizó en una propiedad de la familia Benavides, ubicada en la ruta nacional 9, colindante con el barrio La Lucinda, en el acceso a la ciudad de Salta.

Además, contó con personal de seguridad que, en la puerta de ingreso a la fiesta, tapó con una cinta las cámaras de los celulares de los invitados para evitar filmaciones y fotografías.

Asimismo, el festejo contó con buffet y barra, luces, sonido, cantantes como el bailantero salteño David Leiva -quien no podía desconocer las prohibiciones establecidas por Ley- y la presencia de gran cantidad de invitados en un lugar cerrado, sin que se respetara el distanciamiento social establecido.

En tanto, en el decreto de imputación se dejó constancia del pedido a la Jefatura de Policía para identificar en forma simple a otro cantante contratado para el evento, que no reside en Salta y trascendió que se trata de El Polaco.

Los voceros indicaron que se constató que la familia Benavides contrató a la empresa “Espacio Pinar Eventos” para montar tres carpas en el lugar, mientras que la empresa Kokomo, de propiedad de Miraglio, estuvo a cargo del buffet, y el encargado del sonido fue Sanz.

La clandestinidad de la fiesta surgió a consecuencia de las medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia de Salta, que en el artículo 7 de la resolución 64/20 permite las reuniones familiares y sociales de hasta 20 personas en los domicilios particulares, teniendo en cuenta la situación de pandemia por la Covid-19.

Según el informe de la División Operaciones Policiales, el evento no contaba con autorización para su realización, ni con las habilitaciones de Bomberos ni el servicio adicional de policía para la seguridad de los invitados.

Esto evidenció que la conducta desplegada por los imputados se enmarcó en una falta total de prudencia, interés y desaprensión ante la pandemia.

Vilar Rey anticipó que, tras el pago voluntario de Benavides, será solicitado el sobreseimiento de los acusados, ya que los contraventores tienen la opción de hacer el descargo y de pagar una multa en forma voluntaria.

Si toman esa opción, deben dirigirse con el recibo emitido por la Fiscalía Contravencional a la sede bancaria y, contra presentación del ticket de pago de la infracción se cierra la actuación.

Tal como lo establece la normativa vigente, los pagos se realizan directamente en la cuenta dispuesta para tal fin por la Policía de la Provincia, lo cual implica que la recaudación en concepto de multas va directamente a la fuerza de seguridad provincial.

Fuente: Télam

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