Haber dejado afuera de los estadios a los líderes de las barras bravas del fútbol argentino parecería ser la solución a la violencia. De todos modos, la decisión política de prohibir la concurrencia de los cabecillas más reconocidos de cada una de las hinchadas generó una incertidumbre que preocupa a propios y extraños. Si bien el retiro obligado de los jefes logró una tranquilidad momentánea, nadie es capaz de asegurar la paz definitiva. Ni los funcionarios, ni los dirigentes, ni la propia Justicia. Mientras los líderes de los violentos continúan manejando las hinchadas por celular, las segundas y terceras líneas pasaron a ocupar ese lugar de privilegio en los paraavalanchas. Y cuando la autoridad no está, nacen los cortocircuitos.
“Estos tipos son un mal necesario porque controlan la tribuna y se encargan de que no haya robos durante los partidos. A partir de la nueva reglamentación, habrá que estar más atentos a las pequeñas cosas que puedan llegar a suceder”, reveló el presidente de uno de los clubes más importantes del país, que prefirió mantenerse en el anonimato.
El Ministerio de Seguridad publicó hace dos meses en el Boletín Oficial un decreto por el cual el Estado nacional pasaba a hacerse cargo del derecho de admisión, aquel que durante años los dirigentes de los clubes no tuvieron intenciones de aplicar. Esta reglamentación, firmada por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, no permite que ingresen a los estadios aquellos hinchas con causas penales abiertas vinculadas al fútbol.
Rafael Di Zeo y Mauro Martín, jefes de la barra de Boca, fueron los primeros en quedarse afuera porque están procesados por encubrimiento agravado e instigación de homicidio doble. Pero reaccionaron: Di Zeo presentó un recurso de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, y Martín hizo lo propio en el 4, con el argumento de que todavía no están condenados por la Justicia, entonces no deberían impedirles el ingreso a la cancha.
Al poco tiempo, la barra de River sufrió un revés similar: Martín Araujo y Matías Goñi, cabecillas de Los Borrachos del Tablón, también quedaron fuera de los estadios durante dos años por orden de la ministra Bullrich, imputados del delito de amenazas en perjuicio de Ariel Calvisi, jefe de la facción disidente.
La salida de Pablo Bebote Alvarez de la barra de Independiente refleja el vínculo directo de la política y el sindicalismo con las hinchadas. Tanto es así, que haber enfrentado a la propia CD del club de Avellaneda le costó su ingreso al estadio así como también la carrera política a la cual tenía pensado apostar en las próximas elecciones del Rojo. En este caso, fue el propio Hugo Moyano quien no dudó en correrlo del camino, apoyado por Cristian Ritondo, vocal de Independiente, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y jefe directo de Juan Manuel Lugones, titular de Aprevide. Actualmente, si bien Bebote continúa dando órdenes desde afuera de la cancha, Roberto Petrov, hombre de Camioneros, se hizo cargo puertas adentro del destino de los Diablos Rojos.
La realidad de la barra de Racing es similar a la del resto. Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos meses se le ha aplicado derecho de admisión al grupo de La 95, desprendimiento de La Guardia Imperial, que fechas atrás intentó ingresar a la cancha con drogas y cuchillos. En este caso, el mayor inconveniente de la hinchada de Racing tras el castigo a sus líderes tiene que ver con la amenaza del grupo de Villa Corina, que reclutó cerca de 200 violentos de diferentes barrios con el fin de quitarle la tribuna a Raúl Escobar, Nelson Lopetegui y compañía.
Si bien la expulsión de los diez barras más conocidos planteó una tregua, esta nueva reglamentación del Estado deberá estar acompañada con fundamentos lógicos y decisiones de fondo, capaces de terminar con un negocio del que participan los violentos pero se enriquecen funcionarios, policías y dirigentes. De lo contrario será pan para hoy y hambre para mañana.
Salvajes con uniforme. Con el nuevo decreto que prohíbe el ingreso de los líderes de las barras, la violencia en el fútbol se trasladó a los uniformados. Tanto es así, que en la previa de los partidos con mayor concurrencia se generan incidentes producto del maltrato policial a los hinchas que van a la cancha con su correspondiente ticket y DNI.
Así como el programa Tribuna Segura colaboró en capturar a personas prófugas de la Justicia, la demora en los controles provoca malestar en los diferentes accesos. Y ante la impaciencia del público, los efectivos parecen no tener demasiados inconvenientes al momento de reprimir. En la goleada de Boca ante Independiente, por ejemplo, se produjo un choque con la policía y empleados de seguridad en uno de los ingresos a La Bombonera. Y una semana antes, en el Monumental ya habían ocurrido incidentes en el ingreso a la Tribuna Centenario por la calle Lidoro Quinteros.
(*) Esta nota fue publicada en el Diario PERFIL.
