La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este martes un duro comunicado para responder a las declaraciones y a la intimación realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ), conducida por Daniel Roque Vítolo. La entidad presidida por Claudio Tapia negó haber cometido irregularidades administrativas o contables y acusó al organismo estatal de actuar con “desidia” y de intentar instalar un relato falso sobre supuestos incumplimientos.
Según explicó la AFA, la intimación de la IGJ ya fue contestada y se presentó toda la documentación contable correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2023. Además, aclaró que el cambio de jurisdicción, de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, fue aprobado en Asamblea, fiscalizado por veedores de la propia IGJ y correctamente notificado y certificado.
El cambio de jurisdicción y los balances
Desde la entidad remarcaron que la IGJ participó de todo el proceso administrativo, emitió los certificados necesarios y nunca formuló objeciones, motivo por el cual el cambio quedó oficialmente inscripto en noviembre de 2024. “Es objetivamente falso afirmar que la AFA ‘se escapó’ o que el cambio de jurisdicción fue ilegal”, señalaron.
En el comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA sostuvo que presentó sus balances en tiempo y forma y que solo recibió una observación formal, la cual fue respondida dentro del plazo legal. En contrapartida, denunció que otras supuestas vistas o requerimientos nunca fueron notificados oficialmente y que incluso algunos expedientes fueron archivados sin explicación.
La AFA también apuntó contra demoras de hasta tres años por parte de la IGJ en el análisis de balances y mencionó irregularidades administrativas, como expedientes incompletos o sin foliar. En ese sentido, afirmó que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”.
La disputa por la competencia y el cierre del comunicado
Otro de los ejes del descargo fue la competencia del organismo de control. La AFA subrayó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, y que la IGJ solo podría intervenir en trámites iniciados antes del cambio de jurisdicción.
Por último, la entidad acusó a la IGJ de utilizar el espacio mediático para realizar imputaciones graves sin respaldo documental y de filtrar información confidencial, en el marco de un conflicto de tinte político con el Gobierno. “La AFA no se ‘escapó’ de ninguna jurisdicción para eludir controles”, concluyó el comunicado, y sostuvo que lo que queda expuesto es “un intento de construir un relato ficticio de incumplimiento”.
BP
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