El denominado modelo de “seguridad democrática” impulsado por la ministra Nilda Garré tiene su correlato en la organización de los operativos policiales en los estadios de fútbol. El fin del autogobierno policial y la llegada de civiles a la conducción de la fuerza también se ven reflejados dentro y fuera del campo de juego. La cantidad de efectivos que custodian a los hinchas y la estrategia para evitar incidentes ya no las dispone el jefe de la comisaría del barrio donde esté la cancha. Esa función recae en funcionarios del área y de la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos (Ucpevef), que lidera Juan Carlos Blanco.
Desde el inicio del Apertura pasado, muchas cosas han cambiado en el armado de los dispositivos de seguridad. El eje consiste en desplazar gradualmente a la policía de sus funciones y reemplazarla por agentes de seguridad privada (conocidos como “los paquitos”). Un ejemplo de ello se pudo ver en el superclásico del domingo. Cientos de miembros de La 12 atacaron a personal de la empresa Tech Security, que desde los 15 minutos del segundo tiempo se ubicaron en la parte superior de la popular visitante con el objetivo de acelerar la desconcentración. Los defensores de la eliminación de la presencia policial en las tribunas sostienen que la mayoría de los incidentes ocurre en las calles, y que las “fuerzas del orden” son parte del problema y no de la solución. En cambio, sus detractores, como Mónica Nizzardo, titular de la ONG Salvemos al Fútbol, cree que “el Estado busca desligarse de las responsabilidades y atribuírselas a los clubes, que son los que deben contratar a estas empresas privadas”.
¿Cómo se arma un operativo? El lunes es el día de la bajada de línea. En México 12, donde funciona una dependencia del ministerio de Seguridad, se reúnen los hombres de la Ucpevef, el comisario del área de eventos deportivos designado para el estadio en que se dispute el partido en cuestión y el jefe de seguridad del equipo local. Allí los funcionarios determinan el número de efectivos y la suma de vallados y fenólicos, que son las maderas que impiden que ambas hinchadas se visualicen en los aledaños, entre otras cosas. El resto acata.
“En esas reuniones se evalúa el nivel de conflictividad que tiene el partido. Se toman en cuenta la rivalidad, el horario, el escenario, si se juegan otros cotejos cerca y hasta la posición en la tabla”, relata el jefe de seguridad de un equipo porteño. Muchas veces la improvisación le gana a la organización. Como pasó esta semana con el cambio de horario de Boca-San Lorenzo, que iba a jugarse a las 16, pero luego se resolvió que lo hicieran a las 18.15 por temor a un cruce entre los cuervos y la gente de Huracán, que al mediodía saldría de su cancha.
Los días del encuentro, el circuito se divide en tres: anillos 1 y 2, que comprenden un radio que va desde el estadio hasta una determinada calle y desde allí hacia otra calle, y el escenario del partido. Las dos primeras están a cargo de subcomisarios jurisdiccionales. La restante, del jefe de seguridad local y del comisario idóneo en eventos deportivos. “Antes de que se abra la cancha llegan los inspectores del Gobierno porteño y verifican que todo ande bien”, recuerda un ex directivo de un cuadro grande. “A su vez, la policía toma el control del sistema de video, que registra lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Las cámaras toman fotos nítidas, que logran identificar a los hinchas que causen inconvenientes”, continúa.
Las barras son otro punto a tener en cuenta. Cuando su equipo juega de visitante, los referentes pactan con la policía el recorrido de los micros y el ingreso de bombos y banderas. “Cuando las cosas se van de las manos hablamos con el jefe de la banda, le decimos que pare el quilombo, y lo hace. Pero eso pasa acá porque los barras son pibes que vienen al club desde chicos y nos conocemos. En otros no es así”, dice el encargado de seguridad de una institución metropolitana.
A pesar de haber personal privado, la cantidad de uniformados no bajó. “En un encuentro poco conflictivo hay 400 federales y 100 privados. En uno más complicado serán entre 700 y 800”, cuenta la misma fuente. La mitad de los efectivos la aporta la Dirección General de Comisarías, mientras que la otra parte es enviada por la División Operaciones Urbanas de Contención Antitumulto (Douta). “Los efectivos muchas veces llegan a la cancha a cumplir servicio adicional después de ocho horas de trabajo en la calle o en la seccional”, amplía. Los operativos son sostenidos por los clubes y cuestan entre 160 mil y 400 mil pesos. A veces, más. “Por los vallados y fenólicos abonamos un millón de pesos por año”, precisa un directivo de Vélez.
Cuando termina el partido, los locales son retenidos en las tribunas entre 15 y 30 minutos. Para abrir las puertas, varios patrulleros y hasta uno o dos helicópteros en los partidos más peligrosos rastrillan que ya no haya visitantes por las calles. “Esperamos hasta que el último micro esté a diez cuadras y que no haya hinchas con camiseta esperando el colectivo o caminando. Si hay, les decimos que se las saquen”, cuenta el jefe de seguridad de la entidad capitalina.
Recién entonces se libera a los locales, y los policías inician la cola para firmar las planillas de asistencia. Adentro del estadio apenas quedan dirigentes, jugadores y periodistas. Debajo de las tribunas, una parte de la barra local espera que no quede nadie para poder guardar los trapos.
(*) Nota publicada en la edición impresa del Diario Perfil
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