Doce personas fueron imputadas y otras 40 identificadas por haber participado en la multitudinaria despedida de hinchas de Godoy Cruz de Mendoza realizó a uno de sus más históricos integrantes, donde no se respetó el aislamiento social y obligatorio que regía por decreto del Gobierno nacional.
La medida fue adoptada por la Justicia mendocina a partir de la solicitud del fiscal de Tránsito Fernando Giunta, que inició una causa de oficio a partir de los hechos ocurridos el pasado 13 de mayo en la capital provincial, durante el cortejo de "Loco" Julio Roque Pérez, quien falleció a los 80 años en medio de un estado de vulnerabilidad, pero que no le impidió seguir yendo al estadio a ver los partidos del Tomba.
Además de los doce imputados, según detalló un informe del Ministerio Fiscal, otras 40 personas se encuentran sindicadas en fotos y videos, prontas a individualizar.
"Se ha recibido numerosa información tanto del Municipio de Godoy Cruz como del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Se secuestraron cinco cámaras de seguridad del CEO y la cámara de seguridad del club Godoy Cruz para individualizar a los hinchas, más cinco videos caseros", se indicó.
La Fiscalía, además, cuenta con el registro de socios del club con fotografías de los mismos, ya que es la forma de individualizar a muchas personas que carecen de antecedentes.
La causa, que acumula el tercer cuerpo, con más de 500 fojas, no sólo apunta a los simpatizantes del Tomba ya que se han abierto otras dos investigaciones.
Una apunta a conocer cómo fue el proceso por el que las redes oficiales del club publicaron el mapa del recorrido del cortejo, instigaron a participar a los hinchas y, luego, subieron fotos y videos del momento de la despedida.
De hecho, el lunes pasado, la Comisión Directiva de Godoy Cruz determinó el despido del jefe de prensa Gustavo Salinas, como responsable de haber compartido esas imágenes.
La otra parte de la investigación tiene como objeto verificar la actuación que les cupo a los funcionarios policiales y municipales.
El delito que en este caso se investiga es instigación a violar el artículo 205 de Código Penal, que prevé una pena "de prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Fuente: NA
