La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata anuló hoy las elecciones realizadas a principio de octubre en Banfield y sancionó económicamente a las actuales autoridades del club, por incumplir una orden judicial que había suspendido los comicios.
El conflicto en Banfield tiene connotaciones e intereses políticos, puesto que se disputan el poder el actual presidente, Carlos Portell, quien llegó al cargo en 1998 de la mano de Eduardo Duhalde, y el empresario Eduardo Spinosa, que cuenta con el respaldo explícito del vicegobernador bonaerense electo Gabriel Mariotto, oriundo de Lomas de Zamora e hincha del club.
El conflicto judicial se inició el 30 de septiembre, 48 horas antes de los comicios, cuando el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó suspender las elecciones del 2 de octubre tras aceptar una medida cautelar presentada por los candidatos opositores, por supuesto fraude. Concretamente, se había denunciado una afiliación "inusitada" de socios previa al comicio.
No obstante el dictamen del magistrado, la elección se realizó igual y resultó ganador Portell. Ahora, en un nuevo fallo, Arias suspendió la votación e impuso a Portell una sanción económica de 460 mil pesos y de 350 mil pesos a los miembros de la Comisión Directiva. Además, decretó la inhibición de todos los bienes de las autoridades del club.
También se obligó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, "a que se abstenga de convalidar el citado acto eleccionario".
El juez prorrogó el mandato de las autoridades hasta que se realice un nuevo comicio y remitió copia a la UFI de turno del departamento judicial de Lomas de Zamora para que "practique la investigación penal preparatoria correspondiente por la presunta comisión del delito de desobediencia".
Arias justificó su decisión al expresar que "la realización del acto electoral configura un incumplimiento de la orden judicial, lo que convierte al mismo y sus consecuentes, en ilegítimos".
"El incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional, toda vez que socava la legitimidad de las autoridades públicas o privadas, para exigir igual comportamiento a los miembros del grupo social que representan", sostuvo.
Fuente: DyN.
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